Pausa del FCPA y el entorno de riesgo para las empresas en México
Una pausa que puede ser engañosa
El 10 de febrero de 2025, la administración del presidente Donald J. Trump emitió una orden ejecutiva que ordena la suspensión temporal de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta decisión busca revisar las directrices actuales de cumplimiento para alinear su aplicación con los objetivos de competitividad económica y seguridad nacional de Estados Unidos. La medida ha generado reacciones mixtas en el ámbito internacional y ha despertado dudas sobre sus implicaciones para empresas que operan en países como México.
Si bien la orden ejecutiva representa una pausa en la aplicación de la FCPA por un período de 180 días, es fundamental reconocer que la ley no ha sido derogada y que los riesgos legales y reputacionales asociados a actos de corrupción transnacional permanecen vigentes. En este contexto, la aparente relajación del entorno regulatorio puede inducir a algunas organizaciones a reducir sus esfuerzos en cumplimiento, lo que constituye un riesgo estratégico significativo.
El riesgo del falso confort regulatorio
La suspensión temporal de la aplicación del FCPA puede generar un falso sentido de seguridad en algunas organizaciones. Asumir que los riesgos asociados a la corrupción han disminuido puede llevar a la relajación de controles internos, la omisión de procedimientos de debida diligencia o la minimización de denuncias internas. Estas decisiones pueden tener consecuencias severas.
Es importante recordar que otras normativas, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México, el UK Bribery Act y los estándares de cumplimiento corporativo adoptados por grandes corporaciones, siguen plenamente vigentes. Asimismo, los daños reputacionales derivados de un escándalo de corrupción pueden tener un impacto tan o más grave que las sanciones legales. Aun si las autoridades estadounidenses disminuyen su vigilancia a corto plazo, los socios comerciales, inversionistas y certificadores internacionales siguen considerando el cumplimiento como un criterio prioritario.
Acciones clave para las empresas mexicanas
Ante este escenario, las organizaciones en México deben mantener e incluso reforzar sus programas de cumplimiento y su capacidad de gestión de riesgos. Algunas acciones recomendadas incluyen:
Actualizar la matriz de riesgos con enfoque en cumplimiento, comercio exterior y terceros.
Realizar procesos de debida diligencia a proveedores, intermediarios y socios comerciales.
Evaluar la exposición a riesgos políticos y comerciales derivados de cambios en EE. UU.
Fortalecer mecanismos de denuncia anónima y protección a denunciantes.
Capacitar al personal en temas de ética, anticorrupción, seguridad industrial y normatividad internacional.
Prepararse para una eventual reactivación del FCPA bajo un nuevo entorno político o regulatorio.
La preparación no puede esperar
La pausa en la aplicación del FCPA y los riesgos emergentes en torno al nearshoring representan una coyuntura crítica para las empresas en México. No se trata solo de una oportunidad económica, sino de un momento clave para reforzar sus capacidades de cumplimiento, su gobernanza corporativa y su resiliencia ante escenarios complejos.
Las organizaciones que actúan con responsabilidad y previsión estarán mejor posicionadas para afrontar los cambios en el entorno normativo y para construir relaciones de largo plazo con socios internacionales. En este contexto, el acompañamiento de expertos en gestión de riesgos, cumplimiento y comercio exterior se vuelve un diferenciador estratégico clave para competir en un entorno cada vez más exigente y globalizado.
contacto@gsn.mx